La Operación Enjambre se consolidó como el golpe más amplio de la administración federal contra la infiltración criminal en alcaldías. Con corte oficial al 8 de septiembre de 2026, la estrategia coordinada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, registra la captura de 111 personas por presuntos nexos con el crimen organizado.
De ese total, 14 presidentes y expresidentes municipales ya fueron vinculados a proceso o encarcelados: seis de la coalición PRI-PAN-PRD, cuatro del bloque Morena-PT-PVEM, tres de Movimiento Ciudadano y uno de un partido local. El resto —cerca del 91%— corresponde sobre todo a mandos de seguridad, directores técnicos y policías señalados como facilitadores de redes delictivas.
Aunque el operativo ha tocado una decena de entidades, los casos de ediles se concentran en tres: Estado de México, Puebla y Morelos (cuatro cada uno). El Estado de México acumula más de la mitad de las detenciones del operativo (60 capturas), con énfasis en desmontar el control territorial que autoridades atribuyen a La Familia Michoacana sobre policías municipales.
Otras rutas de acción incluyen el Pacífico-Centro (Morelos, Jalisco, Oaxaca y Chiapas), ligado a extorsión y delincuencia organizada, y el corredor de carga Puebla-Veracruz, con 16 detenidos en cateos orientados a redes de protección al robo de autotransporte. El gabinete de seguridad insiste en una política de «cero impunidad»: ningún servidor público quedará protegido por cargo o partido.
Hasta ahora, Enjambre suma 20 sentencias condenatorias firmes. En paralelo, la SSPC reporta más de 67 mil detenciones por delitos de alto impacto y unas 2 mil por extorsión en lo que va del sexenio.
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