La Cámara de Diputados programó para el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre la discusión en el Pleno de la reforma constitucional de nacionalidad única, informó este 17 de septiembre su presidente, Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM). La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, ya fue dictaminada el 8 de septiembre por la Comisión de Puntos Constitucionales.
El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Exige nacionalidad mexicana única —o la renuncia efectiva a otra antes del registro— a quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Durante el cargo, tampoco podrían adquirir otra nacionalidad, usar documentos extranjeros ni invocar protección diplomática de otro Estado.
En comisión, la votación fue de 26 a favor y 5 en contra (PRI y Movimiento Ciudadano), con cero abstenciones. Los cinco diputados del PAN abandonaron la mesa antes del conteo, tras reclamar que el proceso se hizo “al vapor” y sin parlamento abierto. Legisladores opositores citaron que alrededor de cuatro millones de mexicanos en el exterior podrían tener doble nacionalidad, según referencias a Conapo usadas en el debate.
La oposición sostuvo que no se documentaron casos concretos en los que la doble nacionalidad haya representado un riesgo para el Estado y advirtió un posible recorte a derechos políticos de migrantes. Morena y aliados defendieron la medida como requisito de lealtad exclusiva al Estado mexicano en cargos del Poder Ejecutivo. Los nuevos requisitos aplicarían desde el proceso electoral de 2028; quienes ya ocupen esos puestos al entrar en vigor no quedarían afectados. Congreso y entidades tendrían 90 días naturales para adecuar leyes secundarias.
Bolaños-Cacho reconoció que la propuesta genera opiniones encontradas y anticipó una discusión intensa. En el Senado, el proyecto sigue en vilo: al menos cinco integrantes de las bancadas del PVEM y del PT se muestran reticentes a limitar ese derecho para aspirar a la Presidencia o a una gubernatura. La reforma requiere mayoría calificada, por lo que la renuencia de aliados deja abierta la incertidumbre sobre su aprobación final.
Tras el puente patrio, San Lázaro retoma el calendario legislativo con este dictamen como uno de los primeros frentes de choque. El desenlace en Diputados no cierra el trámite: la minuta deberá avanzar después en el Senado y, de ser el caso, en las legislaturas locales.
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