Este martes 29 de septiembre de 2026, el pleno del Senado de la República discute y pone a votación la reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El bloque oficialista llega con un margen mínimo: necesita 86 votos de mayoría calificada si asisten los 128 legisladores.
De acuerdo con reportes parlamentarios, Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el senador independiente Enrique Inzunza suman 87 escaños. El senador del PVEM Luis Armando Melgar anunció que votará en contra; con ese sufragio descontado, el oficialismo queda justo en 86. Cualquier ausencia, abstención o ruptura de disciplina puede frenar el cambio constitucional.
El coordinador de Morena, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo la víspera que su bancada y los aliados PT y Verde no faltarán a la sesión, aunque evitó anticipar el resultado. El senador Manuel Velasco (PVEM) reconoció dificultades para garantizar el respaldo de toda su bancada.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano confirmaron su voto en contra. El coordinador panista Ricardo Anaya sostuvo que la medida limitaría derechos de mexicanos con otra nacionalidad; Manuel Añorve (PRI) y Clemente Castañeda (MC) coincidieron en que el alcance trasciende la sucesión presidencial e incluye gobiernos estatales y la capital.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen el 22 de septiembre: 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general, y 334 a favor, 109 en contra y una abstención en lo particular, tras casi 11 horas de debate. Las comisiones senatoriales de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera lo avalaron menos de 24 horas después, con 23 votos a favor y 9 en contra, sin cambios al texto de San Lázaro.
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Quien tenga otra nacionalidad debería renunciar a ella antes de registrarse como candidato a esos cargos; quien los ocupe no podría adquirir una nacionalidad extranjera, usar pasaporte de otro país ni solicitar su protección diplomática. El régimen transitorio prevé aplicación a partir del proceso electoral de 2028.
Si el Senado aprueba el dictamen, todavía se requiere el respaldo de al menos 17 congresos estatales antes de enviarlo al Ejecutivo. El Congreso de la Unión y las entidades tendrían 90 días para armonizar la Ley de Nacionalidad, la legislación electoral y las constituciones locales. Al cierre de esta nota, la votación del pleno seguía pendiente de resultado definitivo.
(Fuentes: Proceso, 28 sep 2026; N+ Foro TV, 28 sep 2026; Enrique Muñoz News / La Jornada, 27–29 sep 2026; Expansión Política, 23 sep 2026. Cobertura de la sesión del 29 sep con base en reportes de la víspera y madrugada; el resultado del pleno aún no estaba cerrado al publicar.)
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