La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el decreto de la reforma constitucional de nacionalidad única. La medida obligará a quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a no tener otra nacionalidad a partir de 2028.
Según se informó en la conferencia, el decreto se publicará este mismo día en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF). Con ello, la reforma entrará formalmente en vigor.
“A partir del 2028 quien quiera postularse a gobernadora o gobernador, jefe de Gobierno o jefa de gobierno, presidenta o presidente sólo puede ser mexicano, de eso se trata este decreto”, dijo la mandataria al firmar el documento.
Qué exige la reforma de nacionalidad única
El cambio modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. A partir de ahora, quien busque esos cargos deberá ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos y no tener ni adquirir otra nacionalidad.
En caso de contar con una segunda nacionalidad, el aspirante tendrá que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato. Además, deberá haber residido en el país al menos 20 años.
El texto también prohíbe a quien ejerza el cargo solicitar otra nacionalidad, usar un pasaporte extranjero o acogerse a la protección diplomática de otro Estado. La regla se aplicará por primera vez en los procesos de 2028 y, en la elección presidencial de 2030, ya será requisito para cualquier aspirante.
Una aprobación al límite y con críticas de la oposición
El Senado aprobó la reforma el 29 de septiembre con 86 votos a favor y 42 en contra, exactamente la mayoría calificada requerida con los 128 legisladores presentes. Sin embargo, el bloque de Morena, PVEM y PT tuvo que recurrir a suplentes para alcanzarla.
La morenista Cecilia Guadiana y el verdecologista Virgilio Mendoza, quienes tienen doble nacionalidad, se negaron a votar a favor. A su vez, el verdecologista Luis Armando Melgar votó en contra junto con la oposición.
Después, 22 congresos estatales avalaron el cambio y el Senado declaró su validez. El Congreso de Hidalgo, aunque lo aprobó, no había enviado su voto.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano calificaron la reforma como regresiva, porque restringe los derechos políticos de millones de mexicanos que viven en el extranjero. La senadora panista Laura Esquivel acusó que el oficialismo quiere “el voto de los migrantes”, pero no que sean votados.
Por su parte, los legisladores oficialistas sostienen que la reforma no elimina la doble nacionalidad para el resto de los ciudadanos. Además, argumentan que se limita a los principales cargos ejecutivos del país.
Deja un comentario