La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvo este martes 20 de octubre al juez Enrique Romero Razo, señalado por los presuntos delitos contra la administración de justicia y evasión de reos. Se trata del juzgador que estaba bajo investigación desde mayo por el intento de sacar de prisión a Manuel Forcelledo Nader, sentenciado por el feminicidio de Karla López Albert.
De acuerdo con fuentes de la FGE citadas por medios locales, el aseguramiento ocurrió durante la mañana tras un cateo en su domicilio de la colonia El Ángel, en la capital poblana. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un comunicado oficial ni se ha hecho pública su ficha en el Registro Nacional de Detenciones.
El caso Forcelledo
Karla López Albert tenía cinco meses de embarazo cuando desapareció el 30 de enero de 2014, después de reunirse con su expareja; su cuerpo fue localizado en Tláhuac, en la Ciudad de México. En mayo de 2021, Forcelledo fue condenado a 76 años de prisión por feminicidio, aborto y violación equiparada; la sentencia la dictó el propio Romero Razo tras siete años de proceso.
El escándalo estalló en mayo de 2026. Romero Razo pidió licencia del 11 al 14 de mayo, y el 12 de mayo, en su ausencia, la secretaria de acuerdos Angélica Rodríguez Zamora presidió una audiencia en la que se autorizó cambiar la prisión preventiva del sentenciado por arresto domiciliario con brazalete electrónico y firma periódica. Según los reportes, la diligencia no fue notificada a la familia de la víctima.
La salida no se concretó: el sistema penitenciario detectó que Forcelledo tenía otro proceso penal vigente y el Consejo de la Judicatura intervino el juzgado de San Pedro Cholula los días 14 y 15 de mayo, donde aseguró computadoras y discos duros. El gobernador Alejandro Armenta confirmó entonces que había un procedimiento contra el juez.
Pleito por su readscripción
El 30 de junio, el Consejo de la Judicatura lo movió de Cholula a Ciudad Serdán. Romero Razo se amparó y, el 19 de agosto, un juez federal le concedió la suspensión definitiva para regresar a Cholula. El Consejo no cumplió en el plazo y el 8 de octubre la sesión para analizarlo no se realizó por falta de quórum, por lo que el juez federal advirtió que podría denunciar el desacato ante la FGR.
El juzgador, con unos 30 años en el Poder Judicial de Puebla, había negado cualquier responsabilidad y atribuido la polémica a una represalia en su contra. Ya había sido destituido en diciembre de 2010 como juez penal de Teziutlán y luego reinstalado por la vía del amparo.
Su detención ocurre con el litigio por su cargo todavía sin resolución definitiva. Ahora corresponderá a un juez de control determinar su situación jurídica.
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