El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue vinculado a proceso por traición a la patria en la madrugada de este domingo 25 de octubre; el juez ratificó la medida, por lo que seguirá en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La resolución la dictó el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes, del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, al concluir la reanudación de la audiencia inicial, que comenzó la tarde del sábado y se realizó a puerta cerrada por tratarse de información vinculada con la seguridad nacional. El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
La acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) se centra en el operativo del 17 al 19 de abril de 2026 contra un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, en la sierra de Chihuahua. Al regreso, una camioneta del convoy cayó a un barranco y explotó: murieron cuatro personas, entre ellas el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera, y dos ciudadanos estadounidenses señalados como presuntos agentes de la CIA.
De acuerdo con la investigación, el operativo se realizó sin aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores ni a autoridades federales y sin una carpeta de investigación abierta previamente. En la audiencia, el Ministerio Público federal presentó alrededor de 150 datos de prueba.
La defensa sostiene que ninguno de esos datos lo vincula directamente con la presencia de los estadounidenses y que, de entre 80 y 90 testimonios, ninguno lo señala. Sus abogados, Héctor Villasana y José Ramón Flores, anunciaron que impugnarán la vinculación; también buscan un amparo contra la prisión preventiva.
Jáuregui fue detenido el 17 de octubre por la Fiscalía de Chihuahua por delitos del fuero común. Después fue reaprehendido por fuerzas federales con una orden por traición a la patria e ingresó al Altiplano. El caso pasó a manos de Santos Dorantes el 20 de octubre, luego de que renunciara la jueza Mariana Vieyra Valdés, quien firmó la orden de aprehensión. El 22 de octubre, un juez estatal lo vinculó a proceso por ejercicio ilegal del servicio público y descartó el cargo de coalición de servidores públicos.
La gobernadora Maru Campos ha calificado como “excesiva” la acusación federal. El 23 de octubre se reunió con la fiscal general Ernestina Godoy, y la FGR abrió además una nueva línea de investigación por presuntos casinos y prestanombres.
El artículo 123 del Código Penal Federal prevé de 5 a 40 años de prisión por traición a la patria. La vinculación a proceso no es una condena: el exfiscal conserva la presunción de inocencia mientras siguen ambos procedimientos.
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