El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, compareció este viernes 30 de octubre ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, en San Lázaro.
Ahí afirmó que, al menos desde 2014 y hasta 2025, cinco empresas que comparten socios, apoderados y representantes legales simularon competencia y obtuvieron contratos de material electoral por 2 mil 461 millones de pesos, en el INE y en organismos públicos locales electorales (OPLE) de al menos 20 estados.
Las firmas señaladas son Cajas Graf, con 1,072 millones; Formas Finas y Materiales, con 815.9 millones; Corporativo ZEG, con 278.7 millones; Comercializadora JVLY, con 208.4 millones, y Seriplast de México, con 85.1 millones.
Carvente sostuvo que el problema «no es solo un tema del INE sino de todos los órganos electorales» y que no se limita a la gestión de Guadalupe Taddei, sino que viene de administraciones anteriores. Lo calificó como un problema «histórico y estructural».
El estudio revisó 106 contrataciones en OPLE y 53 licitaciones públicas con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia. El propio contralor aclaró que se trata de un análisis preliminar, que no contó con toda la información y que no incluyó los sistemas electrónicos usados en las jornadas de votación.
Sobre los contratos de la administración de Taddei, informó que el OIC tiene 18 expedientes abiertos: 13 en investigación y cinco en procedimiento de responsabilidad administrativa, en los que ya se entregó citatorio a audiencia inicial por presunto conflicto de interés y ocultamiento de conflicto de interés. Ninguno de los señalamientos ha sido resuelto por una autoridad.
La comparecencia ocurrió el mismo día en que el OIC quedó bajo cuestionamiento. Excolaboradores del órgano denunciaron en Excélsior un presunto cobro de «diezmos» para conservar sus plazas: hasta 15 mil pesos mensuales en subdirecciones, poco más de 20% del sueldo neto, y más de 7 mil pesos en jefaturas de área. Atribuyeron el control de las plazas al diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna.
Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara, calificó las acusaciones como «totalmente falsas», negó tener plazas o personas cercanas en el OIC y las atribuyó a una campaña de la oposición. Agregó que, de existir los cobros, corresponde a la Contraloría dar explicaciones y a los afectados presentar denuncias.
Mientras tanto, la Junta de Coordinación Política prevé someter al pleno el 4 de noviembre la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del INE, con designación estimada para el 6 o 7 de diciembre.
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