El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y la diputada federal Graciela Ortiz González acusaron este domingo a Morena de intervenir en el Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de la crisis abierta tras la renuncia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei.
Durante una visita a Chihuahua, Moreno afirmó que una persona que trabajaba con el representante de Morena ante el Instituto cobraba en ese partido y al mismo tiempo ocupaba la jefatura de oficina de Taddei. El priista no presentó documentos públicos que respalden el señalamiento.
Moreno pidió que las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no se limiten a la salida de la titular y alcancen contratos, adjudicaciones y nombramientos, incluidas las áreas de capacitación y fiscalización. Incluso sostuvo que podría haber consejeras o consejeros involucrados.
Ortiz calificó de «vergonzoso» que el organismo enfrente estas acusaciones y señaló que no basta con la renuncia: pidió fincar responsabilidades a Taddei y a los funcionarios que hayan participado en las presuntas irregularidades.
Morena responde: «PRIAN» avaló la llegada de Taddei
En un posicionamiento difundido el mismo domingo, el vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, rechazó los señalamientos de PRI y PAN y recordó que Taddei fue designada en 2014 presidenta del OPLE de Sonora por el Consejo General que encabezaba Lorenzo Córdova, y que la insaculación que la llevó a la presidencia del INE en 2023 fue aprobada con votos de PRI, PAN y PRD.
Morena planteó una auditoría integral desde 1999 y sanciones «independientemente de la afiliación política». Sobre la propuesta opositora de reformar el artículo 45 de la LGIPE, argumentó que el artículo 105 constitucional impide cambiar la ley electoral con el proceso electoral 2026-2027 en marcha.
Horas antes, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, había exigido investigar «hasta las últimas consecuencias» y propuso que las designaciones de direcciones ejecutivas vuelvan al Consejo General con el voto de al menos 8 de 11 consejeros.
La ASF mantiene una investigación de oficio sobre dos grupos empresariales proveedores que acumularon 8 mil 870 millones de pesos en contratos con entidades públicas entre 2014 y 2026; de ese monto, 3 mil 790 millones fueron ejercidos por organismos electorales locales. El INE es encabezado de forma provisional por Blanca Yassahara Cruz García mientras la Cámara de Diputados define el relevo.
Con información de El Diario de Chihuahua, Infobae y La Capital.
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