El Gabinete de Seguridad de Jalisco compareció este jueves ante el Congreso local para explicar el operativo de la marcha del 11 de octubre por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La sesión, de cerca de cuatro horas, se centró en denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y la cadena de mando que autorizó chorros de agua y gas lacrimógeno.
El coordinador del gabinete, Roberto Alarcón, reportó un saldo de 84 personas lesionadas: 48 civiles, 32 policías y cuatro bomberos. También confirmó que las fuerzas estatales detuvieron a 39 personas frente a Casa Jalisco; diputados exigieron restituir el daño a quienes sufrieron fracturas, pérdida de dientes u otras lesiones.
El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, dijo que 17 elementos, entre ellos tres mandos, están bajo investigación y fuera de servicio, y que los 237 policías del despliegue deberán rendir informes ante Asuntos Internos. Insistió en que el protocolo se apegó a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, sin señalar a un mando concreto que hubiera ordenado reprimir la protesta.
El secretario de Gobierno, Carlos Arias Madrid —quien no ocupaba el cargo el 11 de octubre—, negó que del gobierno estatal hubiera salido una instrucción para agredir a manifestantes y se comprometió a que no haya impunidad. “En Jalisco disentir no es un delito”, afirmó ante legisladores y víctimas presentes.
Diputadas de oposición, entre ellas Alondra Fausto, Itzul Barrera, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, insistieron en quién autorizó el cambio en el uso de la fuerza y si hubo tortura o desaparición forzada. El fiscal Salvador González de los Santos respondió que no puede afirmar ni negar tortura mientras avanzan las pesquisas.
En la propia comparecencia, víctimas exhibieron agresiones. Daniela Álvarez acusó haber sido sometida con agua a presión, sujetada por cinco hombres encapuchados, golpeada, insultada y jalada del cabello; reportó contusiones y esguince. Luis Antonio Palacios Vázquez dijo que él y su pareja también fueron detenidos y lesionados. Ocho personas detenidas aquel día estuvieron presentes en el Congreso.
El presidente de la Mesa Directiva, Enrique Velázquez, cuestionó fallas en las movilizaciones por el agua y citó hallazgos de la CNDH sobre posible actuación coordinada entre agentes y personas infiltradas vestidas de civil o con antimotines sin identificación. Tras la sesión se pidió al secretario de Gobierno un informe escrito de la cadena de mando.
La cobertura vespertina de medios locales, incluida la denuncia de víctimas difundida hacia las 21:06 hora del centro, cerró una jornada en la que el gabinete reconoció excesos individuales pero evitó asumir responsabilidad de mando sobre la dispersión de una marcha que, según autoridades, reunió a cerca de 9 mil 500 personas.
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