La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubicó la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como uno de los cambios más significativos en la estructura regulatoria de sus países miembros desde 2023, según el informe Perspectivas de la Economía y la Sociedad Digital 2026, retomado este viernes por medios especializados.
El documento, publicado el 5 de noviembre y difundido con detalle en cobertura de este 6 de noviembre, identifica la reforma mexicana como parte de una transformación internacional de las autoridades de telecomunicaciones, que enfrentan nuevas exigencias de conectividad, competencia e inversión ante la expansión de servicios digitales, plataformas, inteligencia artificial, nube y tecnologías satelitales.
La OCDE recordó que una reforma constitucional eliminó al regulador autónomo creado en 2013 y trasladó sus atribuciones a un organismo adscrito al Ejecutivo federal, cuyos integrantes son designados por la Presidencia y ratificados por mayoría simple en el Senado. El organismo señaló que la creación del IFT incorporó 28 de 31 recomendaciones para fortalecer la competencia en el mercado mexicano, equivalentes a 90.3% del total.
También subrayó que la independencia de las autoridades regulatorias respecto de las instancias responsables de formular políticas públicas forma parte de las buenas prácticas de su Recomendación sobre Conectividad de Banda Ancha de 2021. La observación es relevante porque el nuevo modelo modifica la separación entre funciones regulatorias y conducción de la política pública que caracterizó al esquema anterior.
El informe no evalúa aún el desempeño de la CRT ni concluye que la nueva estructura haya reducido la competencia o la inversión en el sector. Sí advierte, sin embargo, que el cambio altera el principio de independencia frente al Ejecutivo que el organismo considera clave para la regulación de telecomunicaciones.
Según la OCDE, alrededor de dos terceras partes de los países miembros y candidatos reportaron modificaciones en las responsabilidades de sus reguladores desde 2023. En Dinamarca, las funciones de comunicaciones pasaron a la Agencia de Gobierno Digital; Alemania creó un ministerio de transformación digital; y Suecia contempla fusionar autoridades de telecomunicaciones y gobierno digital hacia finales de 2027.
Entre los desafíos regulatorios para los próximos tres a cinco años, el organismo menciona la adaptación de esquemas de licenciamiento, la administración del espectro radioeléctrico, la promoción de inversiones y la protección de los usuarios.
En materia de infraestructura, la fibra óptica representó 51% de las suscripciones de banda ancha fija al cierre de 2025, frente a 31% en 2020. Entre el segundo trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2026, la velocidad mediana de descarga de Internet fijo en la OCDE pasó de 54.4 a 207.5 Mbps. Aun así, en el segundo trimestre de 2026 los usuarios urbanos registraron velocidades de descarga 42% superiores, en promedio, a las de regiones rurales alejadas de las áreas metropolitanas.
La OCDE considera que los marcos regulatorios deben adaptarse con instrumentos que favorezcan el despliegue de redes, la resiliencia de la infraestructura y la competencia, en un mercado transformado por la economía digital.
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