La noche del miércoles 30 de septiembre de 2026, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondieron a un llamado de cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quienes pidieron al Estado mexicano proteger a las mujeres que buscan personas desaparecidas ante niveles que calificaron de “alarmantes” de violencia.
En un comunicado conjunto, ambas dependencias precisaron que esos expertos “ejercen su mandato a título personal y de manera independiente”, por lo que sus opiniones “no reflejan la posición de la Organización de las Naciones Unidas”. El Gobierno afirmó que “la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras”.
Los especialistas de la ONU, entre ellos la relatora sobre defensores de derechos humanos Andrea Bolaños Vargas, el relator sobre ejecuciones extrajudiciales Morris Tidball-Binz, la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas Grażyna Baranowska y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres Claudia Flores, advirtieron que las buscadoras siguen enfrentando violencia letal y, en casos graves, su propia desaparición o asesinato.
Como ejemplos recientes en Sinaloa, el grupo citó la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla, denunciada el 29 de agosto de 2026; la agresión ese mismo día contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, junto con su hija y dos menores; y el atropello, el 1 de septiembre, de integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa durante una manifestación en Mazatlán. También recordaron el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, integrante de ese colectivo.
Segob y SRE reiteraron el “compromiso con las familias de personas desaparecidas y no localizadas” y condenaron “todo acto de violencia contra personas buscadoras e integrantes de colectivos de búsqueda”. Reconocieron, al mismo tiempo, desafíos en búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia, y dijeron que la cooperación con agencias de la ONU —como ONU-DH y UNFPA— y con la CIDH forma parte de su estrategia.
El comunicado gubernamental enumeró acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda, entre ellas la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Las secretarías subrayaron que la búsqueda de personas “es una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas” y que mantienen disposición al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional respaldaron el llamado de los expertos a cumplir con las obligaciones de protección a las buscadoras.
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