El Senado de la República aprobó el miércoles 30 de septiembre de 2026 reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en una sesión marcada por recriminaciones entre bancadas y un encontronazo en el pleno. La votación en lo general quedó en 72 votos a favor y 34 en contra; en lo particular, en 68 a favor y 34 en contra.
Respaldaron el dictamen legisladores de Morena, el PT y el PVEM. Votaron en contra las bancadas del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, junto con el senador verde Luis Armando Melgar, quien se separó de la postura de su grupo. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados.
La reforma, impulsada desde el Ejecutivo, actualiza sanciones contra piratería, falsificación y el uso a escala comercial de la identidad gráfica institucional de los tres órdenes de gobierno. La oposición la bautizó como “Ley Antimemes” y advirtió que el nuevo tipo penal del artículo 403 Bis podría alcanzar parodias, caricaturas y crítica en redes.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, rechazó que se trate de censura y sostuvo que sancionar el uso no autorizado de la gráfica institucional exige acreditar la intención de cometer un ilícito o fraude. En el desahogo de reservas prosperó una precisión suya al artículo 429 del Código Penal, para dejar claro que esos delitos se consideran de comisión dolosa y se persiguen de oficio, sin presumir el dolo.
El senador Cuauhtémoc Ochoa afirmó en tribuna que, para configurar delito, se requieren escala comercial, hacerse pasar por una institución para engañar e intención de fraude. Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que la crítica y la sátira pertenecen a la democracia, pero hacerse pasar por una institución para engañar es otra cosa. El oficialismo vinculó el cambio al cumplimiento de compromisos del T-MEC.
Del otro lado, la senadora de MC Alejandra Barrales calificó la iniciativa de “censura disfrazada de derechos de autor”. La panista Lilly Téllez subió a tribuna con un par de esposas y acusó que se busca criminalizar el humor político. Su compañera María de Jesús Díaz Marmolejo subrayó que el tipo penal no excluye de forma explícita la parodia ni el trabajo periodístico. El coordinador del PRI, Manuel Añorve, preguntó quién decidirá cuándo una parodia cruzó la línea hacia el engaño.
Durante el debate se registró un choque entre Téllez y la senadora del PVEM Ruth González Silva, tras la proyección de una parodia que incluía al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, esposo de González. La legisladora verde pidió respeto a su familia; Téllez respondió con acusaciones de supuestos vínculos con el crimen organizado. González Silva anunció que presentará una denuncia penal.
Entre las penas previstas figuran de cuatro a diez años de prisión por divulgar obras protegidas antes de su lanzamiento oficial, y sanciones de prisión y multa por usar a escala comercial identidad gráfica institucional con ánimo de inducir al error. El criterio de “escala comercial” se fijó a partir de 170 UMA, según explicaron integrantes de la mayoría. La reforma aún debe ser votada en San Lázaro antes de convertirse en ley.
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