La Fiscalía acusó al gerente de Bitfarms por polución sonora; vecinos de Villarrica denunciaron un zumbido día y noche durante seis meses.
Los vecinos del barrio Santa Lucía, en Villarrica, Paraguay, lograron que la Fiscalía acusara formalmente al gerente de la empresa de minería de criptomonedas Bitfarms, Juan Ignacio Marcillo, por polución sonora, un delito que podría castigarse con hasta 10 años de prisión, informó RT en Español en junio de 2025 con base en la prensa paraguaya.
El conflicto comenzó en junio de 2024, cuando las instalaciones de la compañía empezaron a operar. Desde entonces, los habitantes padecieron un ruido constante, de día y de noche, que se prolongó hasta noviembre de ese año. Según los vecinos, el zumbido les impedía dormir y les provocó insomnio, estrés y ansiedad.
El origen del ruido en Paraguay
El sonido proviene de los procesadores y de los ventiladores y extractores que enfrían los equipos. Además, las casas más cercanas estaban a solo 50 metros de las construcciones, aunque el estruendo se percibía hasta a dos kilómetros a la redonda.
La llegada de Bitfarms a Villarrica no fue casual. De hecho, varias empresas del mismo rubro ven a Paraguay como un destino atractivo por el bajo costo de la energía. Estos equipos funcionan sin descanso para producir criptomonedas y, por lo tanto, consumen enormes cantidades de electricidad.
En Villarrica, la Compañía de Luz y Fuerza (Clyfsa) ofrece electricidad más barata, luego de un fallo judicial que le permite comprar energía a menor precio a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
Una lucha vecinal que llegó a la Fiscalía
Durante meses, los vecinos tocaron todas las puertas posibles, desde la Municipalidad hasta la Policía y la Fiscalía. La denuncia fue impulsada por la comisión vecinal Trompo Arasá, que reúne a las familias afectadas.
La abogada María Sol Arrúa relató a Criptonoticias que el proceso fue arduo y estuvo marcado por «un silencio total» del gobierno municipal. Ante esa falta de respuesta, los vecinos buscaron dialogar con la empresa, que primero se comprometió a reducir la intensidad del ruido. «Pero no se respetó el acuerdo y ya no había respuesta de la empresa», explicó.
Posteriormente, en octubre de 2024, cuatro meses después de la primera queja administrativa, los afectados acudieron a la comisaría del barrio. Entonces, la Policía turnó el caso a la Fiscalía.
Según Arrúa, al menos 500 familias resultaron afectadas en Paraguay. «Estamos hablando de posibles violaciones de derechos humanos», sostuvo la abogada. Aunque la batalla legal no ha terminado, los residentes de la capital del departamento del Guairá ya ven la acusación como un primer triunfo.
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